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¿Qué es el sistema VeriFactu?

El término VeriFactu o sistema de facturas verificables fue introducido por la Ley Antifraude (ley 11/2021) para luchar contra el fraude fiscal y aportar transparencia al proceso de facturación. Es por tanto, un sistema informático, impulsado por la AEAT,  que se utiliza para cumplir con las obligaciones de facturación y garantizar que las facturas sean fiables y no manipulables.

Los registros de facturación que sean emitidos por este sistema deberán cumplir con los requisitos legales de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad e inalterabilidad que se establecen en la ley.

¿Qué características debe tener una factura VeriFactu?

Envío información a Hacienda.

Toda la información sobre la factura será enviada a la Agencia Tributaria, como por ejemplo, la serie, el número de documento, la fecha de emisión, el cliente, el importe, etc…

Código QR.

Todas las facturas emitidas por sistemas VeriFactu deberán incorporar un código QR que permita su identificación. Los clientes podrán consultar a través de este código QR la validez de la factura en la Agencia Tributaria.

Certificada.

Cada factura deberá indicar que ha sido generada a través del sistema VeriFactu indicando la frase < Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT> o < VERI*FACTU>.

Registro de eventos.

El sistema deberá guardar un registro por cada factura expedida y evento que se produzca.

¿Cómo funciona un sistema de facturas verificables?

Estos son los cuatro pasos para la verificación de las facturas.

¿Cómo puedo comprobar que un software cumple con la normativa VeriFactu?

La ley establece que el propietario del software debe redactar una declaración responsable donde garantice que su aplicación cumple con la normativa antifraude y el Reglamento VeriFactu.

¿Cuándo entra en vigor?

Los obligados tributarios deberán tener operativos sus sistemas informáticos antes del 01 de julio de 2025. En cambio, los comercializadores de Sistemas de información deberán tener adaptados sus productos en un plazo de 9 meses desde la entrada en vigor de la Orden Ministerial.

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