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¿Quieres saber si te afecta y que sanciones trae la Lay Antifraude?

¿Quieres saber si te afecta y que sanciones trae la Lay Antifraude?

¿A quién afecta?

La Ley Antifraude pretende luchar contra el fraude fiscal con la introducción del sistema de verificación online de facturas (VERIFACTU), obligando a todo tipo de empresas y profesionales expedir y entregar facturas por las operaciones que realicen en el desarrollo de su actividad en el territorio español.

¿Cuándo entran en vigor la Ley Antifraude?

El 17 de octubre de 2024 se publicó en el BOE la Orden HAC/1177/2024 con el reglamento que deben cumplir los programas de facturación de la ley Antifraude.

De acuerdo con la orden, los fabricantes y desarrolladores de software tendrán hasta el 29 de julio de 2025 para adaptar y/o desarrollar los sistemas informáticos de facturación, es decir con posterioridad a la fecha de entrada en vigor para los usuarios, inicialmente señalada para el 1 de julio de 2025, lo cual impedirá que los empresarios y profesionales que utilizan los sistemas informáticos de facturación suministrados por dichos productores y comercializadores puedan cumplir los requisitos establecidos el 1 de julio de 2025. Por lo que se prevé que, mediante un real decreto o norma, se solucione el problema de incompatibilidad de fechas y se establezca una nueva fecha límite.

¿Cuáles son las sanciones a las que se enfrentan las empresas por no cumplir con esta normativa?

En el caso de los usuarios de programas informáticos la ley establece una multa de hasta 50.000 € por cada año de uso para los usuarios que utilicen programas que no estén debidamente certificados.

Las circunstancias que originarían esta multa son:

  • La tenencia de programas informáticos que no garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos
  • La tenencia de programas informáticos que no estén debidamente certificados.

Para los fabricantes o distribuidores establece una multa de 150.000 € por cada ejercicio económico en el que se hayan producido ventas y por cada tipo distinto de sistema o programa informático o electrónico que sea objeto de la infracción por la fabricación, producción y comercialización de sistemas y programas informáticos.

Las circunstancias que originarían esta multa son:

  • Que permitan llevar distintas contabilidades 
  • Que permitan no reflejar, total o parcialmente, la anotación de transacciones realizadas. 
  • Que permitan registrar transacciones distintas a las anotaciones realizadas
  • Que permitan alterar transacciones ya registradas
  • Que no cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, así como su legibilidad por parte de la AEAT
  • Que no se certifiquen, estando obligado a ello, los sistemas fabricados, producidos o comercializados.

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