El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social el Anteproyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada laboral a 37,5 horas de trabajo semanales. Esta medida beneficiará a más de 12 millones de trabajadores del sector privado y pretende mejorará la productividad y reducir el absentismo.
El anteproyecto de ley debe iniciar ahora el trámite parlamentario y, por lo tanto, solo entrará en vigor cuando el Parlamento apruebe la futura ley incluyendo las modificaciones que, en su caso, se produzcan durante su tramitación y se publique en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, todavía no existe un calendario definitivo de implantación, pero se prevé que no entré en vigor, como mínimo, hasta finales de 2025.
Pero para garantizar la eficacia de esta reducción hay que aplicar medidas complementarias como la regulación precisa del registro de jornada que deberá contar con los requisitos de objetividad, fiabilidad y accesibilidad para lo que exigirá:
Para garantizar estos requisitos:
En el caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada, se considerará la comisión de una infracción por cada persona trabajadora afectada en los supuestos de ausencia de registro o el falseamiento de los datos registrados.
Los incumplimientos en materia de organización y ordenación del tiempo de trabajo que generen riesgo grave para la seguridad y salud de las personas trabajadoras se calificarán como infracción muy grave.
Las multas tendrán como importe:
Muchas son las dudas que han surgido a raíz de la aprobación de la ley en la que se establece la obligatoriedad de la facturación electrónica en todas las relaciones comerciales.
Y aunque la factura electrónica no es una novedad si lo son los nuevos requisitos que deben cumplir a partir de la entrada en vigor de la ley Crea y Crece.
No hay negocio que esté exento de adaptarse a la transformación digital, por eso comprender y planear en que consiste el cambio digital que se va a implementar es la clave. Para asegurar una correcta adaptación es necesario conocer de antemano cuáles serán las fases del cambio.
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Para poder cumplir con la normativa es necesario establecer un plan de acción que permita a la empresa realizar el proceso de cambio de la manera más organizada posible.
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